Entre los estados del sur de Estados Unidos que han desafiado las leyes federales en materia de inmigración, ninguno ha llegado tan lejos como Arizona.

Artículo por artículo, Alabama y Carolina del Norte no le van a la zaga en su objetivo de acorralar a los indocumentados pero ha sido el duro sheriff del condado de Maricopa, Joe Arpaio, quien con su actitud despectiva y racista con los hispanos que llegan del sur ha situado el debate entre los asuntos más calientes en la lucha por las presidenciales del próximo año.

Tras meses de aplicar a rajatabla los preceptos más controvertidos de la ley estatal, el juez federal Murray Snow declaró ilegales el pasado viernes los procedimientos del alguacil quien venía deteniendo inmigrantes de manera sistemática simplemente por la mera sospecha de que se encontraban en el país sin permiso.

El fallo dibuja un nuevo escenario para un posible juicio a través de una demanda ya presentada donde se denuncia una presunta tipificación racial en las redadas ordenadas por Arpaio.

El dictamen del magistrado también limita más sus facultades sobre inmigración después de que la Administración Obama le discutiera a principios de mes las competencias que el sheriff se había atribuido.

Los abogados que llevan la demanda en nombre de cinco inmigrantes hispanos también lograron que la querella tenga un carácter colectivo, lo que permite que otros latinos detenidos e interrogados por los agentes de Arpaio desde de 2007 se sumen al caso.

Snow no se ha pronunciado todavía sobre la cuestión del etiquetamiento racial, pero apunta que las evidencias del caso podría llevar al juez o a un jurado a concluir que la oficina de Arpaio tipifica racialmente a los hispanos. «El alguacil Arpaio ha hecho declaraciones públicas que una persona que examina las evidencias podría interpretar como apoyo al etiquetamiento racial», señaló Snow. El juez destacó el carácter desafiante del alguacil, que en varias ocasiones ha presumido de que sus agentes pueden detener a personas por su forma de hablar o por parecer de otro país, extremos no contemplados en las leyes federales.

Entre los argumentos citados como violaciones de las normas del Estado, la defensa de los demandantes afirma que los agentes del condado de Maricopa realizan interceptaciones sistemáticas en calles y carreteras a cualquier persona al volante con apariencia hispana. También indica que las autoridades nunca tuvieron un motivo para detenerlos y que los interceptaron solo para interrogarlos sobre su situación migratoria.

En su defensa, Arpaio ha negado las acusaciones de tipificación racial, con el argumento de que las personas eran detenidas en sus vehículos porque los agentes tenían una causa probable para creer que habían cometido alguna infracción, y que era entonces cuando los agentes descubrían que muchos de los interceptados eran inmigrantes sin permiso para estar en EE UU.

Durante este tipo de redadas, los policías se concentraban durante varios días en un área de una ciudad -en algunos casos eran zonas con una población mayoritariamente hispana- para detectar supuestos infractores viales y arrestar a otros delincuentes. Los inmigrantes sin autorización para estar en el país representaron el 57% de las 1.500 personas detenidas en las 20 redadas que efectuó la oficina de Arpaio desde 2008.