La Ley sobre la Igualdad en el Crédito prohíbe que los prestamistas discriminen contra un solicitante en cualquier aspecto de una transacción de crédito.

Por motivo de su raza, color de piel, religión, país de origen, sexo, estado civil, edad, si todo o parte de los ingresos del solicitante provienen de un programa de asistencia pública o si el solicitante ha ejercido algún derecho de buena fe amparado por la Ley de Protección de Crédito al Consumidor.