La Coalición Nacional de Reinversión en la Comunidad (NCRC) dio a conocer una lista de 27 casos de abuso hipotecario observados en préstamos otorgados a familias de bajos ingresos y minorías, así como a personas de edad avanzada.

Algunos de los casos de abuso se refieren a evaluaciones erróneas por parte de tasadores profesionales o precios de viviendas inflados deliberadamente. Otros son el reembolso en efectivo a un intermediario para lograr que sean más altas las comisiones que los prestamistas pagan a los corredores por negociar tasas de interés más altas.

También hay casos de tasas de interés disimuladas, seguros a la propiedad más costosos incluidos obligatoriamente en el contrato, arbitraje obligatorio y hasta robo de parte del dinero entregado por el propietario en la operación de compra.

Estos casos de abuso han contribuido a la crisis en el sector hipotecario de alto riesgo, que ha obligado a que muchos propietarios se hayan visto envueltos en juicios hipotecarios que luego han conducido a la pérdida del inmueble.

La NCRC, uno de los defensores más grandes y respetados del país en defensa de una política de una vivienda justa para cada familia, opera el conocido Fondo Nacional de Rescate Antiusura para los Consumidores, con el objetivo de proporcionar ayuda a los propietarios que hayan sido víctimas de servicios de préstamos abusivos.

Los expertos inmobiliarios han advertido que hasta dos millones de propietarios con préstamos de alto riesgo podrían perder sus casas por la vía del embargo judicial antes de fin de año. NCRC ha ejercido presión ante el Congreso y los organismos reguladores para que hagan algo más para ayudar a los prestatarios a conservar sus viviendas.

Desde entonces, los embargos judiciales e incumplimientos de pago han aumentado, y algunos expertos han advertido que los prestatarios con préstamos más tradicionales podrían convertirse en víctimas de prácticas usureras asociadas con el sector de alto riesgo.

El grupo comunitario ha pedido un cambio en las normas para permitir que la Oficina Federal de Vivienda refinancie algunos de los préstamos de alto riesgo y ofrezca de 60 a 90 días de suspensión en los embargos judiciales para que los prestatarios tengan tiempo de renegociar los términos del préstamo.

También apoya una legislación que establezca un fondo de rescate nacional para ayudar a los prestatarios de bajos ingresos, y que apruebe leyes antiusura que fortalezcan la defensa del consumidor, amplíen el asesoramiento acerca de las reglamentaciones y eliminen los préstamos abusivos no tradicionales y las malas prácticas de crédito.

Un estudio de los préstamos problemáticos en el Fondo de Rescate de Consumidores de NCRC señaló lo siguiente:

En la mayoría de los casos, los préstamos se realizaron con prestatarios que con frecuencia recibieron un reembolso en efectivo por aceptar tasas de interés más altas en los préstamos recibidos.

El análisis de NCRC en seis áreas metropolitanas también señaló que los prestamistas buscaban atraer a minorías para ofrecerles préstamos con tasas de interés y cargos más altos.

Los prestamistas y corredores abusivos buscaban captar a prestatarios de minorías e ingresos entre bajos y moderados. Aproximadamente el 45% de los encuestados residía en vecindarios de ingresos bajos o moderados. Cerca del 83% de los prestatarios percibía ingresos inferiores a 45 mil dólares.

Aproximadamente una quinta parte de las viviendas estaba sobrevalorada en más de un 50% de su costo real, y un 66% de los inmuebles estaba sobrevaluado en un 15% o más. Es decir, el precio del 81% de las casas involucradas en el estudio estaba completamente inflado para perjudicar al comprador de la vivienda.